logos

DIRECCIÓN GENERAL DE VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN

Defensoría del Pueblo

FUNDAMENTOS DEL DERECHO A LA REPARACIÓN DE LAS VICTIMAS DE CRÍMENES CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS EN LA ÉPOCA DICTATORIAL EN EL PARAGUAY

Posteado 14-10-2014

documento

El derecho internacional de los derechos humanos y los fallos de los tribunales internacionales de derechos humanos, han favorecido la comprensión de los derechos de las víctimas, desde un enfoque integral, que va más allá del plano jurídico, llegando incluso al reconocimiento de las políticas de memoria en el marco de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

 

Reparar a las víctimas de la dictadura requiere en el Paraguay de un esfuerzo del Estado. Esto está consagrado en su derecho positivo. Ya la misma Constitución Nacional en su artículo 4º consagra el derecho a la Vida y establece la protección del Estado para” la integridad física y psíquica, así como en su honor y en su reputación”. En su artículo 5º dispone que “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes” y establece que “el genocidio y la tortura, así como la desaparición forzosa de personas, el secuestro y el homicidio por razones políticas son imprescriptibles” En el artículo 6º del mismo cuerpo constitucional se consagra “la calidad de vida será promovida por el Estado mediante planes y políticas que reconozcan factores condicionantes, tales como la extrema pobreza y los impedimentos de la discapacidad o de la edad” . Señala además en el Artículo 276 - DEL DEFENSOR DEL PUEBLO: El Defensor del Pueblo es un comisionado parlamentario cuyas funciones son la defensa de los derechos humanos, la canalización de reclamos populares y la profesión de los intereses comunitarios. En ningún caso tendrá función judicial ni competencia ejecutiva, a su vez el Artículo  279 - DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES: Son deberes y atribuciones del Defensor del Pueblo: 1. recibir e investigar denuncias, quejas y reclamos contra violaciones de los derechos humanos y otros hechos que establecen esta Constitución y la ley…). A su vez, el marco normativo nacional se halla integrado por las leyes N°s 838/96,  3603/2008 y 4381/2011. Todas sobre la indemnización a las víctimas de la dictadura.

 

Por su parte, el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, afirma que “el desconocimiento y el menosprecio de los Derechos Humanos han inspirado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la Humanidad”.  El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece que un régimen nacional de indemnización compensatoria en el caso que una persona fuera ilegítimamente arrestada o detenida (artículo 9) y una segunda (artículo 14) que insta a los Estados a otorgar una indemnización compensatoria a personas víctimas de fallos penales injustos. Es evidente que en la época de la redacción del pacto no se dimensionaba que eso pudiera ocurrir de manera sistemática y transversal a varios Estados de una región, como lo es el “Plan Cóndor”, durante cuya vigencia se consumaron todas las violaciones a los estándares internacionales de derechos humanos. 

 

Una de las más relevantes jurisprudencias en la materia constituye la sentencia en los autos “Velázquez Rodríguez vs. Honduras” de 1988, relativa a un caso sobre la desaparición y muerte posterior de un ciudadano hondureño a manos de las Fuerzas de Seguridad. Aquí, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resuelve que  “el Estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos. El derecho de las víctimas a la reparación por violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una reparación adecuada” 

Como ha señalado al respecto el anterior Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el internacionalista brasileño Antonio A. Cançado Trindade, en el trágico caso del secuestro, tortura y posterior asesinato de varios niños de la calle en Guatemala “las reparaciones en lugar de verdaderamente reparar, más bien alivian el sufrimiento humano. El mal cometido no desaparece: es tan solo combatido, y mitigado. Las reparaciones otorgadas tornan la vida de los familiares sobrevivientes quizás soportable, por el hecho de que, en el caso concreto, el silencio y la indiferencia y el olvido no han logrado sobreponerse a las atrocidades, y de que el mal perpetrado no ha prevalecido sobre la perenne búsqueda de la justicia”

Para acabar con la impunidad, para que los terribles hechos atentatorios contra los derechos humanos no vuelvan a suceder, no se debe buscar solamente la verdad sino también la justicia, esto conlleva la reparación a las víctimas a través de las indemnizaciones pagadas por el Estado, luego de un proceso llevado a cabo en la Defensoría del Pueblo, que incluye un dictamen de carácter vinculante, de la Procuraduría General de la República. Este marco jurídico incluye las leyes N°s 838/96,  3603/2008 y 4381/2011.

 

Además de la reparación simbólica a la victimas realizada por el Estado, el mismo tiene la responsabilidad de la recuperación de activos malhabidos  a través de las medidas necesarias ejercitadas por la Procuraduría General de la República ante los tribunales competentes. Esto no obsta a que el Estado continúe reparando a las víctimas, ya que esto deviene de una obligación que bebe de las fuentes del derecho internacional y se encuentran consagradas tanto en la Constitución como en las leyes que aprueban y ratifican los instrumentos internacionales de la materia.

« Volver
Compartir